En la audiencia de formalización (causa rol 5.524-2021), el magistrado Mauricio Aravena Gajardo acogió las cautelares solicitadas por la fiscalía, por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.
El Juzgado de Garantía de Curicó dejó hoy –miércoles 6 de abril– sujeta a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual de Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, imputada por el Ministerio Público como autora de los delitos consumados de estafa y falsificación o uso malicioso de documento público. Ilícitos perpetrados desde julio de 2013, en la ciudad.
En la audiencia de formalización (causa rol 5.524-2021), el magistrado Mauricio Aravena Gajardo acogió las cautelares solicitadas por la fiscalía, por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.
Según el ente persecutor, la causa se inició por una denuncia que permitió descubrir, en julio de año pasado, el cuerpo de la madre de la imputada, Ketty de las Mercedes Cáceres Guerrero, en avanzado estado de descomposición, al interior de su domicilio, ubicado en la población Prosperidad, de la ciudad de Curicó, inmueble que se encontraba clausurado y sin moradores.
Cáceres Guerrero era pensionada de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena). El 29 de julio de 2013, su hija, la imputada Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, presentó en la oficina de parte de Capredena una carta poder otorgada, supuestamente, cuatro días antes, por la oficial civil Noemi Jaque Valdés, la cual resultó ser falsa, toda vez que la oficial civil no reconoció haber autorizado dicha carta poder, por no tener facultades legales en la oficina del Registro Civil de Curicó para ello. Además, se logró establecerse que la firma estampada en dicho documento no correspondía a la titular.
Asimismo y siempre con la idea de percibir los montos del montepío de madre, la imputada presentó ante la oficina de partes de Capredena una segunda carta poder, el 20 de julio de 2015, la cual también resultó ser falsa.
Del mismo modo, el 5 de julio de 2017, la imputada ingresó una nueva carta en la oficina de partes de Capredena, la cual señalaba que su madre, con fecha 23 de junio de 2017, le otorgó poder ante el notario de Curicó Hernán Fuentes Acevedo, con la finalidad que en su nombre y representación cobrara y percibiera de Capredena los pagos del montepío, poder que tendría una vigencia de dos años. Posteriormente, se pudo establecerse que dicho poder también era falso, puesto que la firma del notario no correspondía, así como tampoco timbres y sellos, ni la firma de Cáceres Guerrero. Asimismo, la imputada acompañó fotocopia de la cédula de identidad de su madre falsificada, lo que se comprobó debido a que presentada como fecha de emisión el 17 de junio de 2012 y de expiración, el 12 de marzo de 2020; sin embargo, el Registro Civil informó que la última cédula otorgada a Ketty de las Mercedes Cáceres Guerrero fue el 17 de junio de 2008 y que expiró el 12 de marzo de 2014.
Actuaciones que le permitieron a la imputada apropiarse indebidamente de la suma de $26.556.145 (veintiséis millones, quinientos cincuenta y seis mil ciento cuarenta y cinco pesos), entre julio de 2013 y julio de 2017, pagados por Capredena, por concepto de montepío.
Finalmente, el 19 de julio de 2018 a través de la oficina municipal de registro social de hogares de Curicó, la imputada solicitó la incorporación de la menor P.A.A.C., a sabiendas que la niña había sido entregada en adopción y que, a esa fecha, ya no vivía con ella, logrando de esta forma percibir del Estado subsidios y bonos aumentados por montos de $2.374.500, entre agosto de 2020 y agosto de 2021.